FACTA ante el nuevo Plan de Inversión Social
¿Cooperativas o planes de empleo?
Algunas consideraciones, críticas y planteos al Plan de Inversión Social lanzado por el gobierno nacional. Nuestro punto de vista sobre la ejecución de este programa que genera nuevos puestos de trabajo que se alejan de la esencia cooperativista.
Los anuncios realizados por la presidenta de la Nación acerca de la creación de 100.000 puestos de trabajo a través de las cooperativas nos convocan a opinar como parte interesada en el tema y a dejar algunas propuestas como aporte de nuestra Federación.
Estas cooperativas que se anuncian no constituyen una asociación voluntaria; se realizarán a través de los municipios quienes, mediante punteros o funcionarios oficialistas, determinarán la elección del “personal” de cada cooperativa.
Los trabajos que deberán realizar los trabajadores son definidos por los gobiernos locales.
Con el “Plan de Inversión Social”, el Estado aportará 9.000 millones de pesos, financiará los materiales de las obras y costeará los “salarios” de los trabajadores de las cooperativas, quienes se dedicarán principalmente a tareas como el pintado de cordones y escuelas, limpieza de las calles, además de la construcción de cloacas y veredas.
Cada integrante de cooperativa deberá anotarse como monotributista social y cobrará el sueldo mínimo de 1.400 pesos, por lo que llegará a cada bolsillo, un sueldo de $1.240 (descuento del monotributo y obra social). A su vez, es el gobierno local el que define el reglamento interno de cada cooperativa: horas de trabajo, licencias, sanciones, organización interna, elección del consejo administrativo, salarios diferenciados bajo la categoría de capataz u otra denominación, lugar donde realizarán su labor, modalidad y organización del trabajo, entre otras normativas.
Estas medidas están lejos del verdadero espíritu cooperativista. Dicho plan responde a construir una relación laboral de dependencia con el Estado, obstaculizando la autogestión como proyecto productivo. Esta política pública, en tanto, es ejecutada por los gobiernos locales y no a través de las organizaciones sociales o cooperativas, lo que sigue generando prácticas clientelares y produce el surgimiento de las cooperativas “truchas”.
Por propia experiencia, sabemos que FACTA es actor social y económico necesario y que realizamos un aporte significativo en el plano económico y social en nuestro país.
Demostramos que somos capaces de gestionar nuestras empresas en forma eficiente, teniendo todas las desventajas económicas, legales y políticas de un sistema que ha sido diseñado a la medida de los grandes grupos del poder trasnacional.
Demostramos también que sostuvimos el empleo de muchos expulsados del sistema productivo y hemos creado nuevo empleo.
Afirmamos que desde la última crisis hasta nuestros días hemos tributado en impuestos varias veces lo que costaría la expropiación de nuestras empresas o su puesta en valor.
Por estas y otras razones, nos permitimos plantear que los 100.000 puestos de trabajo que se anuncian deberían, al menos en una parte, realizarse a través de las cooperativas ya existentes, nucleadas en la CNCT.
Creemos que el empleo debe ser sustentable y no transitorio, y que este esfuerzo, que ilusiona a muchos compañeros con la posibilidad de resolver su precaria situación, sigue sin resolver el problema estructural del desempleo y la pobreza. Con estos planes no se logra el desarrollo del mercado interno, fortalecer la autogestión, ni se crea una política de empleo universal.
Los trabajadores autogestionados en cooperativas creemos que somos una alternativa porque sabemos que no habrá inversión privada que resuelva este tema. Ni tampoco lo harán las viejas formas clientelares, que dejan a los necesitados en la indignidad y en el asistencialismo de esperar y pedir en forma permanente.
Por eso le reclamamos al actual gobierno que convierta estas iniciativas en política activa, que vaya al fondo del problema para resolverlo y no para paliarlo. Que tome en cuenta a nuestro sector como parte de la solución.
Para el desarrollo del mercado interno, se necesita que el Estado le compre la producción a las cooperativas de trabajo, que otorgue créditos y subsidios en el mismo nivel que se les da a las empresas privadas. De esta manera, ayudaría al sector que más empleo ha creado en los últimos años. La miseria estructural que en esta última etapa acentuó el neoliberalismo no se resolverá sin una política decidida.
Entendemos que este plan es un avance en relación a los tradicionales planes asistencialistas, como lo fue el plan Jefas y jefes de hogar entre otros. Pero consideramos que aún frente a todas nuestras críticas a dicho programa, dado el contexto actual, esta política además de implementarse a nivel nacional debería permitir la participación de las cooperativas existentes; los verdaderos actores y promotores de la autogestión.